Por Carolina Sotola, Los Ángeles.

La suerte de los indocumentados en este país va de mal en peor.

Como si ya no tuvieran suficiente con las persecuciones de la Patrulla Fronteriza, la Policía y las autoridades locales -que los buscan detener en varias ciudades del país- y las temidas redadas en los lugares de empleo, ahora también les llueven reclamos de las organizaciones.

Específicamente, la queja viene del grupo de defensores de los derechos de los animales Peta, quienes solicitaron al Gobierno de EEUU un espacio publicitario en el muro construido en la frontera con México con el fin de advertir a los indocumentados sobre los peligros que supone para la salud la ingesta de carne.

Peta explicó que quiere colgar carteles –en inglés y en español- a lo largo del muro en nueve sectores de la franja fronteriza. Alguno de estos rótulos pone: "Si no te agarra la migra, te atraparán el pollo y las hamburguesas. Sé vegetariano".

La primera pregunta que cabe hacer a este grupo es: ¿No tienen nada mejor que hacer con su organización que ocuparse de la dieta de los indocumentados?

Y ante esto cabe también un planteo: ¿Si están tan interesados en la salud de los inmigrantes, por qué entonces no darles agua y comida ‘saludable’ para evitar que se mueran de inanición al cruzar la frontera?

El planteo de Peta, sin ánimo de criticar el esfuerzo valioso que hacen para proteger a los animales, puede ser visto como un insulto a la inteligencia del indocumentado, cuyo afán por llegar a EEUU es proveer a sus familias un futuro mejor a costa de arriesgar la vida en la frontera y de vivir, en la mayoría de los casos, en condiciones deplorables en este país.

Entonces, cuando la primera preocupación de un ser humano es sobrevivir, a costa de lo que sea, la calidad de los alimentos que ingiere es un problema que pasa a un segundo plano.

Sería mejor si Peta organizara una campaña para el Gobierno de EEUU, donde le pidiera a las autoridades no ‘comerse’ a los inmigrantes y les recordara que también son personas, aunque muchos veces sean tratados como animales.

Por Carolina Sotola. Los Ángeles

En California hay buenas nuevas. Y esta vez le toca el turno a los estudiantes indocumentados, quienes están un paso más cerca de obtener ayuda financiera para costear la educación superior en este estado.

La noticia viene de la mano de la aprobación de la propuesta de ley 'Dream Act' en el Comité Fiscal de la Asamblea del estado el martes pasado. El paquete legal pasará en las próximas semanas a manos del pleno de la Asamblea donde, con la mayoría demócrata, se espera que obtenga el visto bueno.

Y es que la ecuación es simple. Si el estado subvenciona a los estudiantes 'sin papeles' durante su educación primaria y secundaria, guarda poco sentido que los deje a la deriva en la preparación universitaria.

La medida permitiría a los estudiantes indocumentados en California, con un número de seguro social y un antecedente de estudios de al menos tres años, solicitar becas (que excluyen al gobierno federal y estatal) de la UC y la USU, así como de los 109 colegios comunitarios, según partes de prensa.

Esta propuesta es una haz de luz para los indocumentados entre tanta niebla legal. Es de esperar ahora que no corra la misma suerte de otra medida similar que el año pasado el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, castigó con un veto porque no excluía las subvenciones estatales o como aquella otra donde se proponía incluir en los textos escolares del estado la repatriación de millones de mexicanos durante la época de la Gran Depresión y que fue demasiado 'políticamente incorrecta' para el gobierno estatal, que la dejó en un cajón de la legislatura.

Hay un promedio de 25,000 estudiantes indocumentados que se gradúan de las secundarias californianas cada año y que esperan una mano, de no poder costear sus estudios superiores. Ahora todo depende de la próxima votación y de la firma del gobernador.

Las autoridades de inmigración no descansan en su tarea de detener a indocumentados.

Otra vez los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) fueron a la carga. Ayer, según datos de prensa de la agencia EFE, detuvieron a por  lo menos 160 inmigrantes indocumentados que trabajaban en una empresa de reciclaje de ropa usada en Houston.

Fuentes del ICE informaron también que la operación empezó a las seis y media de la mañana en la sede de la compañía Action Rags USA.

Los detenidos son ciudadanos procedentes de México, El Salvador, Guatemala y Honduras, según informó el ICE en una conferencia de prensa posterior a la redada.

"Iba pasando por la calle Market y me tuve que orillar porque venían ambulancias y bomberos, policías, andaban los helicópteros", dijo aJuanita López, una testigo presencial de la redada que, además, cuenta con amistades entre el personal de la compañía.

Los agentes también entraron a las instalaciones de Action Rags USA con perros de raza pastor alemán.

"Cuando afrontamos operaciones como esta, necesitamos todos los agentes y ayuda posible para controlar el espacio en el que se va a efectuar la redada", indicó Greg Palmore, el nuevo portavoz que ICE ha designado en Houston.

Palmore detalló que ICE llevaba más de un año investigando a Action Rags USA a raíz de una denuncia de contratación de indocumentados cuyo origen no aclaró el vocero.

El cónsul de Guatemala en Houston, Julio Fong, se presentó para velar por el respeto de los derechos de sus conciudadanos, ya que, según dijo, ha habido maltratos en anteriores redadas.

"Hemos tenido varias quejas de varias personas que han dicho que han sido golpeadas y lastimadas", señaló el diplomático.

Sin embargo, los agentes de ICE demostraron buena atención con algunas de las trabajadoras detenidas que están embarazadas.

Frente a las instalaciones de Action Rags USA, los parientes y amigos de los detenidos se mostraban angustiados.

La de ayer ha sido la segunda redada que Houston ha visto en menos de tres meses.

Fuentes de ICE especificaron que es posible que se multe a Action Rags USA y que los detenidos en la operación de hoy serán "procesados y se les adjudicará una fecha para comparecer ante un juzgado de inmigración".

Una vez más el Gobierno actuó con prácticas que parecen seguir más una política de ensañamiento con los que menos ganan y menos armas de defensa tienen, más que una manera de hacer cumplir la ley.

Nicole Gaouette. Los Angeles Times

Apenas el año pasado, un movimiento popular de poderío creciente celebró su triunfo al parar una iniciativa que legalizaría a millones de inmigrantes ilegales. Su influencia se esparció a medida que una procesión de candidatos presidenciales proclamaron su apoyo.

Pero ahora sólo quedan dos candidatos para el mayor puesto del país, Barack Obama y John McCain. Y ambos han tomado posiciones que los grupos restriccionistas hallan vergonzosas.

A pesar del fuerte apoyo que reciben y de estar altamente organizados, aquellos que se oponen a la inmigración ilegal de repente se encuentran con que su causa no tiene un paladín.

"Esa es la realidad que enfrentamos: una opción que no consideramos una opción”, dijo Roy Beck, director ejecutivo de NumbersUSA, que aboga por controles más estrictos para la inmigración legal e ilegal. "Estos dos individuos estaban al fondo de todos los candidatos. Son los peores, el fondo del barril, y han resultado ser los ganadores”.

Pero una coalición de grupos activistas ha rechazado la perspectiva de quedarse al margen de la campaña presidencial, o de esperar hasta la próxima.

En vez de eso, hay grupos que han comenzado a bregar para presionar al futuro presidente. Han impulsado nuevas leyes municipales y estatales, han ayudado a propiciar cientos de proyectos legislativos por todo el país en los últimos tres meses. Han efectuado conferencias para educar a los miembros en todo el país y para cabildear a los funcionarios locales. Y están promoviendo la elección de candidatos al Congreso que mantengan una línea dura en materia de inmigración.

La estrategia es moldear el panorama político nacional para bloquear futuras propuestas de liberalización.

"Estamos haciendo todo lo que podemos para afincarnos, en los estados y en el Congreso”, dijo William Gheen, presidente de Estadounidenses pro Inmigración Legal, un comité de acción política.

El cuadro se mostraba mucho más favorable hace unos meses, en lo que a estos grupos respecta. La promoción de candidatos presidenciales republicanos incluía a dos – los representantes Duncan Hunter, de Alpine, y Tom Tancredo de Colorado – quienes basaron sus campañas mayormente en la oposición a la inmigración ilegal.

Es un goteo que no cesa. Las autoridades federales anunciaron hoy que habrá más arrestos en una de las procesadoras de pollo más grande del país con plantas en las Carolinas como parte de una investigación por posibles violaciones a las leyes de inmigración, según informa la agencia de noticias EFE.

Kevin McDonald, asistente de la fiscalía de Carolina del Sur, confirmó que cuatro supervisores hispanos de la empresa House of Raeford en Greenville, al norte de Columbia, capital del estado, fueron arrestados ayer por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

McDonald dijo al periódico "The Charlotte Observer" -que en febrero pasado publicó una serie de artículos denunciando entre otros aspectos la presencia de indocumentados en la planta- que inmigración encontró en los récords de los empleados "documentos falsos".

Los arrestados fueron identificados como Simón Gutiérrez, acusado de utilizar documentos falsos y mentir a los federales, y Juan Ramón Macias Rodríguez, quien también incurrió en el delito de robo de identidad.

Juan Juárez Suárez fue acusado de utilizar seguro social falso y Evaristo Merino Vásquez por robo de identidad, utilización de documentos falsos y mentir a los federales.

Enrique Pagan, un ex supervisor de línea de la planta en Greenville, declaró al periódico en mayo que los agentes de ICE lo entrevistaron sobre cómo los inmigrantes eran contratados y si los gerentes sabían que los potenciales empleados eran indocumentados.

Con la economía en un estado calamitoso, cada vez quedan menos trabajadores cualificados con la documentación en regla. Si siguen las detenciones, no saldremos jamás del agujero.

Por Carolina Sotola. Los Ángeles

Un informe de la Patrulla Fronteriza, dado a conocer esta semana, asegura que más de 5,000 indocumentados han sido procesados en la Corte Federal de Tucson, Arizona, desde que entró en vigor el programa ‘Streamline’, a partir del 14 de enero pasado.

Estos datos presentados como tal, pueden dar a entender que el sistema de justicia de EEUU funciona casi sin fallas. Que funciona, es sabido, pero a la perfección, eso es discutible. Y un ejemplo de ello es esta iniciativa.

El programa 'Streamline' establece sanciones de hasta 180 días de cárcel a inmigrantes en la frontera pero lo cuestionable del programa es que el Gobierno de EEUU no especifica el criterio que utiliza para establecer cuáles son los inmigrantes que deben ser enviados ante un juez federal para su proceso y cuáles se quedan tras las rejas por un tiempo más largo.

Este programa además permite el proceso y la condena a un indocumentado en tiempos récord de hasta una hora o menos, en algunos casos, dos aspectos que han sido duramente criticados por grupos de activistas quienes alegan que en la mayoría de los casos éstos inmigrantes no tienen la oportunidad de hablar con un abogado para su defensa. Son culpables casi de partida.

Por último, otro dato que preocupa es que mediante este sistema de justicia, se procesan a unos 75 indocumentados cada día, de un promedio de 1,000 detenidos en esta zona de la frontera de Arizona.

Antes de ser implementado en Tucson, según datos de prensa, este programa ya había sido puesto en práctica en los sectores Del Río (Texas) y Yuma (Arizona) de la Patrulla Fronteriza, donde la agencia federal ha reportado un dramático descenso en el arresto de indocumentados desde que comenzó en 2005 y 2006, respectivamente.

Datos de la agencia de noticias EFE indican además que hasta 6,000 efectivos fueron desplegadas a lo largo de la frontera con México desde junio de 2006, por orden del presidente George W. Bush en una operación denominada "Jump Start" de apoyo logístico a la Patrulla Fronteriza mientras esta agencia contrataba y entrenaba nuevos agentes.

Por Carolina Sotola. Los Ángeles

No todas son malas para los inmigrantes. Esta vez hubo una noticia para celebrar.

El Tribunal Supremo falló ayer a favor de un inmigrante africano para que pueda permanecer en Estados Unidos a esperar el permiso de residencia legal, después de habérsele vencido su visa temporal.

Los jueces federales a cargo del caso, nueve en total, permitieron que el extranjero Samson Taiwo Dada, que no tenía papeles de residencia, se quede en este país hasta que se legalice su situación.

Lo mejor de esta buena nueva es que el caso sienta un precedente para otros similares, donde el afectado ingresa a EEUU con una visa temporal, se queda por más tiempo de lo legalmente permitido y aún teniendo la posibilidad de aplicar para una residencia, debe regresar voluntariamente a su lugar de origen o arriesgarse a ser deportado, en caso de una detención.

A Dada, en particular, el Gobierno de EEUU le negó el pedido de residencia -que obtuvo mediante un matrimonio con una ciudadana- porque se le había vencido el tiempo legal de estadía y entonces debía ser deportado. Inicialmente, este nigeriano firmó los papeles de retiro voluntario de EEUU pero luego se retractó y presentó una nueva petición.

El pedido fue denegado por la Justicia Federal, quien además le prohibió el ingreso a EEUU por un período de 10 años.

Después de idas y venidas legales, los abogados de Dada lograron que no sólo no fuera deportado sino que además se le permitiera quedarse en el país a esperar su residencia legal.

Representantes de la Asociación de Abogados de Inmigración de EEUU alegaron que esta determinación de hoy es un paso a favor para quienes ''son elegibles para la 'tarjeta verde' (residencia legal) ya sea porque han contraído matrimonio con un estadounidense, o por su trabajo''.

Hasta el momento la situación de los inmigrantes con una causa de deportación abierta era casi un agujero negro sin salida, ya que los indocumentados en esa situación debían optar por dos cosas: la deportación o el retiro voluntario, en cualquier caso poco favorables ya que los hacía perder su trámite de solicitud de residencia.

Con este caso como antecedente se abre en el panorama un poco de luz y ahora los inmigrantes pueden permanecer en EEUU hasta que se complete su trámite. Por fin se cuenta una buena nueva.

Por Carolina Sotola. Los Ángeles

El problema de las deportaciones a mexicanos desde EEUU está tomando otro cariz. Se está poniendo más negro, más cruel, más injusto e inexplicable. La historia ya no es tan lineal: la Policía que detiene a un inmigrante 'ilegal', lo deja preso en una centro durante varios días, hasta que sin un abogado ni defensa posible es enviado a su país de origen, México en su mayoría.

En los últimos años se ha agregado otro condimento a este conflicto migratorio aún sin solución. Y es que estos inmigrantes tienen sueños, necesidades, deseos y familias como cualquiera. De las familias, hijos, y ahí empieza la otra historia.

Estos menores no tuvieron la 'culpa' de emigrar. Llegaron a este mundo, como todos, sin quererlo. Y cayeron, también sin proponérselo, en el seno de una familia migrante, que decidió un futuro fuera de su tierra y que llegado el momento tuvo que pagar el alto precio de vivir sin permiso legal en otro país.

Si los adultos pagan, es hasta cierto punto entendible. Pero no los niños.

Hay en este momento, según datos del Congreso de EEUU, al menos 100,000 niños mexicanos desamparados sin sus padres en EEUU. ¿La Razón?: las deportaciones, que este año alcanzan la cifra de 300,000, sumadas al preocupante número de muertos, 270 hasta mayo, en su intento de cruzar la frontera con EEUU.

El grave problema es que aún no se ha definido una vía clara desde el Gobierno sobre qué hacer con estos menores que quedan a la deriva en un sistema migratorio que obliga a sus padres a partir.

Puede que los niños sean repatriados también y se reunifiquen con sus familias, puede que queden en asilos hasta que se defina su situación legal o puede que sean criados aquí por otro familiar cercano y de vez en cuando, ya mayores, visiten a quienes se arriesgaron a vivir en otro lugar para ofrecerles un mejor futuro y que finalmente, fracasaron en el intento.

Los legisladores de México y EEUU, en un encuentro el pasado fin de semana en la ciudad mexicana de Monterrey, acordaron presentar un programa ante sus respectivos Congresos para buscarle una solución a este problema migratorio.

Por ahora, mientras se discute la viabilidad de esta propuesta, son cientos de miles los niños que duermen sin sus padres. ¿Tendrán estos políticos real conciencia de que cada minuto que debaten puede significar un cambio de vida radical para éstas pequeñas voces?

Por Carolina Sotola. Los Ángeles

El refrán lo dice, ‘aunque la mona se vista de seda, mona queda’. Y a Schwarzenegger, este dicho le va como anillo al dedo.

Es que el gobernador de California parece no poder ir en contra de su genio y dejar atrás su pasado histriónico y deportivo. Hace cosa de una semana, el político californiano viajó a México para encontrarse con el presidente Felipe Calderón, con quien discutió temas de seguridad fronteriza.

Durante la reunión anunció la organización de un evento –de dos días- pautado para el próximo 13 de agosto, donde planea tratar asuntos de narcotráfico e inmigración con sus pares de los estados fronterizos. Pero la cuestión no terminó allí, el ‘Governator’ aseguró que este evento tendrá un despliegue al estilo de Hollywood.

"La conferencia tendrá lugar en Hollywood. Lo haremos con mucha acción, al estilo de Hollywood. Y yo espero, realmente, que todos los gobernadores fronterizos vengan a  Los Ángeles para esta reunión", dijo un Schwarzenegger emocionado, según indicaron versiones de la prensa local.

El gobernador no respondió tampoco a los comentarios del presidente Calderón, cuando éste culpó al intenso mercado de consumo de drogas en EEUU como una de las principales causas del aumento de la violencia fronteriza por el narcotráfico.

Schwarzenegger buscó salir ileso de la situación y evitar empañar el momento con problemas bilaterales. Se limitó a halagar el clima y las playas mexicanas y a recordar sus años mozos, de físicoculturismo y películas.

Así terminó la reunión con Calderón, quien probablemente se quedó con gusto a poco por no haber discutido lo suficiente con el gobernador de California temas esenciales como  inmigración. Así se fue, sin siquiera haberle dicho ‘hasta la vista, baby’.

Por Carolina Sotola. Los Ángeles

Tim O’Hare, el recientemente electo alcalde del suburbio de Dallas, Farmers Branch, y activista acérrimo contra los indocumentados intentó dar un nuevo golpe. Pero el intento no pasó a mayores, es más, fue anulado por la justicia federal.

Esta vez O’Hare empujó una ordenanza en la ciudad para impedir que los inmigrantes ‘sin papeles’ pudieran alquilar apartamentos. La medida exigía una prueba de ciudadanía o de residencia legal y de haberse hecho viable, los propietarios de casas o arrendatarios se hubieran convertido en una especie de agentes de inmigración domésticos que trabajan, sin quererlo, como informantes del Gobierno.

Pero la ordenanza quedó cancelada por decisión del juez Sam Lindsay, quien no sólo rechazó las bases de esta demanda, sino que además la calificó como una ´´ordenanza que viola la Constitución de Estados Unidos´´.

El recurso legal tiene como antecedente otra medida del mismo calibre (ordenanza 2903), que había quedado desechada por la Justicia. Sin embargo, en Farmers Branch, las voces de sus representantes parecen querer hacer oídos sordos a las leyes federales y esperan poder apelar la anulación ante una Corte.

Uno de los miembros del Consejo, David Koch, puso el grito en el cielo al enterarse de la decisión judicial y aseguró que ‘’en esta ciudad la Justicia no atiende los intereses de sus residentes’’, según declaraciones publicadas por el matutino local The Dallas Morning News esta semana.

Pero mal que le pese a estos políticos y a algunos residentes de ese poblado en Dallas, la ley federal todavía es la que manda en temas de inmigración y el rol de los gobiernos locales no es imponerse a esto, sino más bien respetarlo.

Esta vez la Justicia ganó algo más que una batalla legal, dando un buen ejemplo de credibilidad. Y si los políticos -como O’Hare- deciden no escuchar este mensaje, son ellos los verdaderos autores y actores de una ilegalidad.